Hoy ha entrado en vigor el nuevo reglamento del Congreso de los Diputados por el que se permite el uso de las lenguas cooficiales de España en las sesiones. Los diputados y las diputadas de la ultraderecha fascista han decidido que no tenían por qué escuchar las intervenciones de otros diputados y diputadas en las lenguas cooficiales. Para eso son más chulos, más cuñados y más subnormales que nadie. Cuca Gamarra ha vuelto a mentir, nada nuevo por esa parte, y los diputados y diputadas de las regiones bilingües han usado sus lenguas durante los turnos de palabra. Nada nuevo bajo el sol.
En Dinamarca no existe una prohibición expresa de usar las lenguas cooficiales del estado, lo que pasa es que la situación es diferente de la española porque no hablamos de lenguas cooficiales del estado sino lenguas oficiales en los estados. El Reino de Dinamarca está compuesto por tres naciones soberanas: Groenlandia, las Islas Feroe y Dinamarca. Ésta última controla la política monetaria y la defensa y su jefe de estado, la reina, es también jefe del estado de las otras dos naciones. En todo lo demás, las tres naciones son estados «soberanos», aunque lo de «soberanos», cuando no te puedes defender y te controlan en qué te gastas la paga, es mucho decir. Para aclararnos, Dinamarca es madre soltera, y las Feroe y Groenlandia son las dos hijas adolescentes.
El Folketing es la única cámara legislativa del país y su reglamento no prohíbe el uso de ninguna lengua pero tampoco promulga el uso de las tres lenguas nacionales del reino. O sea, que cualquiera puede usar la lengua que le pete en las sesiones plenarias que nadie puede mover una ceja, aunque los documentos no se traduzcan a las demás lenguas. Cualquier parlamentario o parlamentaria de Groenlandia puede hablar el Inuit – su intervención será traducida al danés. Y ya está.
La situación es diferente en tanto las tres naciones son totalmente independientes y sus parlamentos pueden tomar las decisiones que les salga del mismísimo escaño siempre que se mantenga el statu quo en esos tres aspectos, a. s., la defensa, la política monetaria y la jefatura del estado. Recuerda a la situación española, aunque no es exactamente igual.
¿Te imaginas que alguien se atreviera a decir que Cataluña es un «estado soberano»? ¿Qué ocurriría? No me quiero ni imaginar, pero no me extrañaría que terminaran en la cárcel… Oh, wait…, que va a ser que ya ha pasado. ¿A que te suena? Pues eso: que te puedan enchironar por decir que el País Valencià o Cataluña o las Canarias o el Val d’Aran es un estado soberano, me parece la hostia. Y me sorprende más todavía que nadie mueva una ceja al respecto. No es normal que en pleno siglo XXI, un(a) representante del pueblo no pueda decir en las Cortes lo que le venga en gana: la propia Constitución dice, en el artículo 20, que el único límite a la libertad de expresión radica en el «derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia». Y yo me pregunto, honestamente, en qué afectan que yo pueda manifestar en público mis ideas sobre la naturaleza nacional del cualquier territorio con los límites constitucionales de mi libertad de expresión. No lo entiendo.
Pues con las lenguas cooficiales ocurre lo mismo, ¿no? ¿No se supone que los legisladores están para controlar al gobierno del país, para generar las iniciativas legislativas necesarias para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía? ¿No se supone que representa al pueblo español? ¿De qué manera entra en conflicto todo esto con el que un diputado o una diputada use una lengua cooficial? ¿De qué manera menoscaba el uso de la lengua la representación del pueblo o la función legislativa que se atribuye a la cámara?
La respuesta es fácil: en nada. En absolutamente nada. Cualquier argumento contra el uso del catalán o el gallego en las Cortes no es más que una deformación de las verdaderas intenciones de quien lo emplea, a. s., perpetuar la dominación de un pueblo (el castellano) sobre el resto y sostener un sistema de discriminación y menosprecio del capital cultural, social, político y económico de quienes emplean otras lenguas. El argumento éste de que como tu DNI dice que «eres español y por tanto debes hablar español» es tan absurdo y apriorístico que me deja estupefacto que se siga utilizando. Esto implica que la realidad se modifica en función de la documentación que ésta genera: no es que un papel registre la realidad, sino que la realidad se genera a raíz de la documentación que se supone que debe registrar, o sea, una locura que no tiene sentido. Un informe médico dice que estás enfermo, pero la causa de tu cáncer no hay que buscarla en el documento con el diagnóstico, sino que te has pasado toda la vida fumando y bebiendo, por ejemplo. El DNI no genera la realidad, sólo lo registra. Además, de la nacionalidad española no se deriva la exclusividad de la lengua castellana porque existen individuos españoles que hablan otras lenguas, quod erat demonstrandum.
Es ridículo limitar el uso de las lenguas españoles en el Congreso. Ni se basa en argumentos orientados a las funciones legislativas y representativas de la cámara, ni atenta contra estas funciones. No quieres que se hable catalán en el pleno porque eres un reaccionario que sigue sin entender que el castellano es una de tantas lenguas españolas, no la única lengua española. Y si no lo tienes claro, eres un puto fascista. Entérate.
